el blog de GEYHACHE

No es que les agrade mucho quedar bajo los focos, pero si se trata de defender sus beneficios no dudan en amenazar con todos los males del infierno al país y a su Gobierno. Son los banqueros, que en medio de esta incertidumbre económica han sido llamados a defender a los españoles y se están haciendo los remolones y mucho más, que de arrimar el hombro cuando el país lo necesita no saben, no contestan.

Comenzaba la fiesta mediática cuando ante los riesgos de impagos por el alza de las cuotas hipotecarias y por lo tanto de una vuelta a los desahucios, Gobierno y representantes bancarios, concretamente las patronales AEB, CECA y Unacc, se sentaron para intentar encontrar una solución. El tema era candente porque las economías domésticas se están viendo ya afectadas por el alza del euríbor que en menos de un año ha pasado del -0,5 a casi el 3%, encareciendo el préstamo inmobiliario medio 3.000 euros más al año.

El principio de acuerdo, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, fue anunciado por la ministra Asuntos Económicos, Nadia Calviño como una actualización del conocido Código de Buenas Prácticas de hace una década.

El acuerdo pretende ayudar hasta a un millón de familias a mitigar el terrible impacto del alza de los tipos de tipos de interés en el pago de la cuota de sus hipotecas. De esta manera, los clientes en una situación más vulnerable tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (Euríbor -0,1% frente al Euríbor + 0,25% actual). Además, se ampliará hasta mayo de 2024 el veto a los desahucios para familias en situación de vulnerabilidad.

Las alarmas habían comenzado a saltar cuando el INE aseguró que se habían producido 6.485 demandas de ejecución hipotecaria por parte de los bancos de enero a junio de este año. Cifra que duplica las de los dos años previos a la pandemia, con 250 demandas cada semana en los juzgados.

Las medidas acordadas con la banca comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero con varios supuestos, el principal de los cuales está dirigido a rentas inferiores a 24.318 euros anuales, que estén comprando viviendas que les cuesten más del 30% de sus ingresos y a quienes la subida del euríbor les haya supuesto un incremento del esfuerzo económico del 50%.

Los contratos hipotecarios de quienes cumplan estos requisitos – el Gobierno estima que pueden ser un millón de hipotecados de los 3,7 millones con hipotecas variables que hay en el país – podrán ver reducidos durante cinco años los intereses a un nivel del euríbor menos una décima. También podrán negociar con el banco la reestructuración de su deuda, pasarán a disponer de 24 meses desde el primer impago de cuotas para poder plantear la dación en pago que liquida los débitos con la entrega de la casa y contarán con un plazo de un año para solicitar a la entidad financiera que les aplique un alquiler social del 3% de su renta para poder seguir viviendo en su casa tras ser ejecutada la hipoteca y perder su propiedad.

Las normas pactadas por el Gobierno y la banca contemplan también otros beneficiarios con ingresos que no superen 28.372 euros al año.

El acuerdo es voluntario y de momento ni Santander, ni BBVA, ni Caixabank ni Unicaja se han manifestado al respecto. No quedará en un brindis al sol, porque el acuerdo interesa a los bancos y prefieren “ir de buenos” que tienen otro hueso mucho más duro de roer.

La que si se ha manifestado al respecto ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha tachado de “absolutamente insuficiente la propuesta de la banca para proteger a los hipotecados de las subidas de tipo de interés, ya que se están centrando solamente en los más vulnerables cuando el problema afecta a todas las clases medias. La vicepresidenta, que no se muestra nada favorable a una negociación individual de cada afectado con el banco por la desigualdad manifiesta, es partidaria de que los bancos mantengan las condiciones hipotecarias previas al momento de la subida de los tipos de interés, algo similar a la congelación de las hipotecas que proponía Caixabank.

Diaz aseguró que se está produciendo una enorme transferencia de rentas de la ciudadanía a las entidades financieras, que continuará incrementándose porque la subida de los tipos de interés tendrá más trascendencia el año próximo. De esta forma están aumentando, como nunca, los beneficios de las entidades financieras, como ha reconocido el Banco de España.

Las seis entidades que cotizan en el IBEX, -Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja— ganaron 16.014 millones de forma agregada los primeros nueve meses del año. La mayor parte de ese beneficio lo aportan el Santander y el BBVA, principalmente por su negocio en el extranjero. Pero si miramos la actividad bancaria en España, entre los seis ganaron 5.863 millones. Esto es, un 31% más que hasta septiembre del ejercicio anterior (4.475 millones). El incremento neto ha sido de casi 1.400 millones de euros, ganado a costa de familias y empresas, prácticamente la cantidad que tendrán que tributar por el impuesto espacial que ha aprobado el Gobierno para los próximos dos años y con el que pretende recaudar unos 3.000 millones de euros.

Ante la aprobación de este impuesto, que no esperaban ni por un momento, todos los consejeros delegados de los bancos, cuyos sueldos, no olvidemos, están entre los mayores de la UE, se han mostrado más o menos virulentos con la medida que gravará el 4,8% de sus ingresos por comisiones e intereses a partir de los resultados de este ejercicio. Y ya hablan abiertamente de plantar cara en los juzgados, además de asegurar que la medida traerá las siete plagas a España…porque tiene un impacto negativo sobre la economía, el empleo, el crédito, los accionistas pequeños, los grandes, la inseguridad jurídica, la confianza de los inversores…

De lo que no hablan es de que el origen de esos beneficios extraordinarios es el mismo que está llevando a la ruina a familias y empresas, es decir, la nueva política monetaria del BCE que está engordando sus resultados a costa de extraer rentas y recursos a los hogares y tejido productivo español, sin que además tenga espectaculares resultados en su leitmotiv, que es la lucha contra la inflación. Porque si España está liderando las bajadas de esta enfermedad que corroe la economía no es por la actuación del BCE, que nos está llevando a la recesión, sino por el control de los precios energéticos, verdadero origen del problema.

Las medidas del BCE todos las conocemos, el aumento del euríbor que, con su 2,83% pone las cuotas hipotecarias por los cielos y la subida de los tipos de interés que marca el precio del resto de los préstamos, y que desde el 1 de agosto ha crecido en dos puntos, para encarecer en la misma medida los créditos que se van contratando.

Esta política monetaria está enriqueciendo a los bancos por el crecimiento del margen de intereses entre lo que cobra por los préstamos y lo que paga por los depósitos. En todo caso, los beneficios obtenidos hasta ahora no reflejan, todavía, el aumento de ingresos que los bancos van a tener. Ahora empieza a notarse, pero el grueso del efecto está por llegar, con una cartera contratada de 646.000 millones en créditos hipotecarios que va a generarles un aumento de 20.226 millones de euros al cabo del año con el euríbor en los niveles actuales.

La ley fue aprobada en el Congreso por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de socios parlamentarios como ERC, EH Bildu, Más País, BNG, o la CUP, entre otros. La norma, además de gravar a los bancos impone también un nuevo tributo para las compañías energéticas, a lo que se une, mediante una enmienda al texto original, la aprobación de un nuevo impuesto de solidaridad para las grandes fortunas.

Los banqueros se defienden, claro está, y aseguran que lejos de ser unos beneficios extraordinarios son en realidad una pérdida menor. Y por supuesto cuentan con el apoyo de PP y VOX que esperan que sean los jueces los que salven a los bancos y les permitan continuar exprimiendo a los españoles, que para eso están en su derecho y gravar sus beneficios es injusto. “Nadie debe meter la mano en el bolsillo de las empresas que viven del fruto de su trabajo, es lo que saben hacer los socialistas” aseguran.

Y este es el mayor problema, la desmemoria y la socialización de las pérdidas. Parece que ya no recordamos que el sector bancario debe al erario español, es decir, a todos los españoles, la enloquecida cantidad de 66.577 millones de euros, que fue el dinero inyectado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para que el sector bancario español no cayera en quiebra. Dejamos aparte el dinero que debe la Sareb, 35.000 millones, que aún no ha devuelto.

Se nos dijo que no nos costaría ni un euro, pero aquella inyección de dinero provocó los famosos “viernes de dolores” de M.Rajoy, que recortaron nuestro estado de bienestar y nuestra caja de pensiones hasta quedar exangües. Tanto, que seguimos sufriéndolo. Pero ya lo hemos olvidado y los 3.000 millones que se quiere hacer tributar a la banca por sus beneficios extraordinarios son una medida “bolivariana y comunista”, de lo de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios nadie hoy.

Compartido con Aquimicasa

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