el blog de GEYHACHE

Fue una decisión ideológica y económica, tomada hace ya más de veinte años, que se ha demostrado carente de sentido y que ha llevado a la profesión de agente inmobiliario a un profundo descrédito. La liberalización de la actividad inmobiliaria promovida por el tándem Rato-Aznar, como parte de la solución para bajar los precios de la vivienda, no consiguió su objetivo y es una medida que todas las asociaciones de APIs quieren revertir, intentándolo cada vez que tienen ocasión. Y quieren volver a la carga con la nueva Ley de Vivienda.

Resulta imprescindible lograr una regulación que ampare a los consumidores en una de las operaciones financieras más importante de sus vidas y que los profesionales en los que confían tengan una capacitación mínima y unos seguros que avalen su gestión. La regulación de la profesión inmobiliaria traerá unas mayores garantías a todos los participantes.

 Gerard Duelo, Presidente del Consejo General de Coapi en España, vuelve a intentarlo y pide a Raquel Sánchez, responsable del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que en la nueva Ley de Acceso a la Vivienda se contemple la regulación de la profesión. Y lo hace proponiendo dos cosas en el ámbito de la vivienda, a las que la Constitución protege de forma explicita en aras del interés general.

  • Un articulado que permita ser un marco jurídico nacional para todas las leyes autonómicas, y con ello permitir que algunos tribunales no se vean obligados a rechazar la creación de un registro obligatorio para los intermediarios inmobiliarios ante la ausencia de una legislación de ámbito nacional. Registro obligatorio tal y como tenemos la suerte de tener en Cataluña desde hace años y que da unas mínimas garantías al consumidor de bienes inmuebles, particularmente a las clases más modestas que no pueden pagarse abogados para verificar la idoneidad de las transacciones.
  • Un articulado que perfile unos requisitos mínimos o máximos que tiene que tener obligatoriamente el intermediario inmobiliario profesional que, sin limitar la libertad de profesión que defiende la CNMC y la CEE, evite que cualquier desalmado o ignorante asesore insuficiente o incorrectamente a una familia en lo que posiblemente vaya a ser la mayor inversión de su vida (adquirir un piso o una casa que debe devenir su hogar).

Si un manipulador de alimentos requiere unos estudios específicos, un examen y un certificado ¿cómo es posible que a un asesor e intermediario del bien más preciado para una familia y que más esfuerzo económico le va a requerir en su vida, ni siquiera se le exija saber leer y escribir? !Basta con esta desprotección, incongruencia y falta de rigor gubernamental desde hace 21 años! termina solicitando Gerard.

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