el blog de GEYHACHE

Según datos de avance del cuarto trimestre de 2020 de Urban Data Analytics, la rentabilidad bruta media del alquiler en España se situó en un 7,9%, lo que supone un aumento del 5,9% frente al dato registrado durante el mismo periodo de tiempo del año anterior. Es decir, a pesar de la pandemia y la crisis económica, se obtienen mayores beneficios que un año antes. En España los buitres comen solomillo.

Y estas buenas tajadas son lo que quieren defender los lobistas de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) que podrían haber dictado al ministro su resolución, porque deben estar encantados.

Esta asociación nació ahora hace un año, de forma apresurada por los malos vientos que llegaban de lo que podría ser la Ley de Vivienda y el acuerdo de Gobierno para controlar los precios del alquiler.

ASVAL, que tiene como socios relevantes a Testa Home, Aedas Homes, Ares, Tectum, Blackstone, o La llave de oro, con más de 30.000 viviendas en sus carteras, dice representar a empresas y particulares, aunque si tenemos en cuenta que las viviendas en alquiler en España son algo más de 3.200.000, de las que  el 95,6 están en manos de particulares, está claro que su representatividad, más allá de las empresas que la integran, es mínima o inexistente, como se quiera decir.

Se estrenó la asociación defendiendo los intereses de sus patronos por el aumento de los impagos en el alquiler y la escasa repercusión que el programa de avales del ICO estaba teniendo en este problema. Y para hacer lo que mejor saben, que es obtener beneficios a costa de todos nosotros, solicitó que se estableciera un programa de ayudas directas a los arrendadores, que no supongan un endeudamiento para los inquilinos. Vamos, que sus rentas se las pague el Estado.

Y es que nuestro Estado ha sido con su nefasta política fiscal el verdadero creador del problema que tenemos con la vivienda y el gran pagano de los beneficios de este sector, que es un verdadero paraíso fiscal en nuestro país.

Los cimientos de la actual estructura de la vivienda en España los colocó el bilbaíno José Luis Arrese, ministro de Vivienda con Franco, que dio un giro completo en la política de vivienda desarrollada hasta entonces  e implantó una política de propiedad, frente a la anterior política de alquileres. Para ello impulsó el abandono de la idea de viviendas de bajo precio construidas por el Estado, para dejar que en su lugar esta función fuese asumida por el sector privado.  “Quiero hacer un país de propietarios y no de proletarios”, aseguró.

Fruto de aquella decisión y una vez se comprendió el interesante trasfondo político del cambio, el Estado comenzó a dedicar ingentes recursos para crear esta sociedad de propietarios y lo hizo de todos los modos posibles. Con cambios legislativos, judiciales y presupuestarios, tanto con ayudas directas de concesiones de suelo, como indirectas al sector inmobiliario y financiero para asegurar la construcción de las viviendas. Y por supuesto con ayudas fiscales para adquirirlas o en el IRPF, que a la larga han sido la parte del león para los beneficios de los propietarios. Y se ha realizado desde hace 50 años.

Solo estas ayudas en IRPF a la compra, supusieron en las últimas décadas-ya no existen- una inversión o pérdida patrimonial del Estado cercana a los 100.000 millones. A lo que habría que sumar las desgravaciones fiscales al alquiler y las exenciones fiscales de gastos que en 3 décadas podrían superar los 300.000 millones de euros entre el IPRF y el Impuesto de Sociedades. No hay que olvidar añadir el fraude generalizado y tolerado de los arrendadores en el IRPF, que según fuentes del sindicato de Inspectores de Hacienda, GESTHA, superaba el 75% antes del 2000 y que aún se mantiene en el 40% esta última década.

Este esfuerzo inversor en los propietarios imposibilitó que el Estado pudiera construir un parque de vivienda pública asequible, como hicieron el resto de países de nuestro entorno y es que para la dictadura y la transición el modelo económico a seguir se fundamentó en la construcción y propiedad inmobiliaria.

De esta manera la inversión del Estado español en crear ese “país de propietarios” podría superar en las últimas décadas el billón de euros y es una de las razones del crecimiento de la riqueza basado en el ladrillo. Este sistema si quiere perdurar necesita garantizar políticas de vivienda y diseño urbano que mantengan los precios elevados y un pacto fiscal entre los partidos para dejar al sistema con cargas fiscales casi inexistentes.

Además de este pacto político de mantenimiento de grandes exenciones fiscales al que Unidas Podemos parece que se añade, el sistema necesita para sobrevivir disponer de una amplia base de beneficiarios.

En el año 2004 declaraban algún tipo de ingreso por alquiler de propiedades poco más de 1.300.000 españoles, que con la presión de Hacienda ha ido subiendo hasta los 2,36 millones en 2016 de personas físicas que han percibido algún tipo de renta de alquiler entre locales y viviendas. Declaran percibir 18 mil millones de euros en rentas de las que se deducen 6,6 mil millones en gastos.  En estos últimos años el capítulo de gastos deducibles se ha triplicado con respecto al de ingresos. Con el fraude no controlado la cifra de ingresos rentistas en España superaría los 30.000 millones anuales.

Estos propietarios, entre gastos deducibles y desgravaciones, no pagan impuestos por más de 10.300 millones de euros lo que representa un 60% de lo percibido. Esto quiere decir que en esta última década el Estado ha dejado de ingresar algo más de 100.000 euros por su política fiscal con la vivienda. Además, habría que añadir una cifra entorno a más del 40% de los que no declaran y cobran en negro, por lo que la cifra podría llegar con un cálculo a «grosso modo» hasta los 3,8 millones de arrendadores y más de 20.000 millones anuales sustraídos a las arcas de Hacienda.

Pero hay otro concepto que hace aún más injusta  la situación fiscal de nuestro país y es la desigualdad fiscal entre las rentas del trabajo y las rentas del alquiler. Una diferencia que puede llevar a que un asalariado con 8 horas de trabajo al día pague un 1000% más que un rentista inmobiliario por no hacer nada. Por eso más del 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario.

La solución de Ábalos es continuista con el mimo hacia las rentas del alquiler y no va a hacer sino empeorar la situación de unos privilegios fiscales que suponen desde hace décadas un agujero en las cuentas del estado y una gran desigualdad entre las obligaciones fiscales de asalariados y rentistas. Paga más quien trabaja que quien se mantiene ocioso… paradigmático de nuestro país.

El Estado carece de recursos para poder construir en un breve espacio de tiempo la vivienda social que se necesita. Por eso es necesario buscar ingresos y realizar cambios en la fiscalidad de las viviendas ayudando a los inquilinos y no a los arrendadores.

Está claro que la dinámica de los últimos 50 años no puede variarse en una legislatura ni en dos. Pero es preciso cambiar el concepto por el que se ha transformado un bien de primera necesidad en un bien de inversión sujeto a las leyes del mercado y debe hacerse comenzando por las viviendas de grandes tenedores como los socios de ASVAL.  Para ello:

– Ley de alquiler social opcional para el mercado libre, con gastos deducibles sólo a las viviendas en alquiler social.

– Desgravaciones fiscales a los inquilinos en función de su renta disponible y el precio del alquiler.

– Eliminación de las desgravaciones fiscales al alquiler de viviendas incluidas las sociales.

– Carga fiscal a las viviendas vacías o sin empadronamiento.

No se producen manifestaciones en el Congreso ni algaradas en las calles porque los bancos den una rentabilidad a nuestros depósitos cercana al cero. Pero cuando se habla de que en la próxima Ley de Vivienda se limitarán los precios del alquiler para familias vulnerables en zonas tensionadas y por tanto se limitará la rentabilidad de estos alquileres, el revuelo es considerable, sobre todo en el Congreso. Parece que consideramos normal que la rentabilidad de los alquileres sea un derecho inalienable y esté muy por encima de lo que dan los bancos, aunque estemos hablando de vivienda que es un producto de primera necesidad.

El problema está en los grandes tenedores de vivienda, que obtienen sus exagerados beneficios en un mercado de bienes de primera necesidad, e imponen unos precios del alquiler muy superiores a los que la economía de las personas de nuestro país se puede permitir… y esto va a empeorar. Quieren obtener beneficios como el capital riesgo pero con inversiones seguras y con garantía jurídica, como Florentino pero con ladrillos, lo que también tiene su repercusión en la escasa inversión industrial y tecnológica en nuestro país. Hay que tener valor y decirles que su paraíso fiscal no es de este mundo y que las prebendas fiscales tocan a su fin.

Compartido de Aquimicasa

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